Inseguridad ciudadana “hace agua” en Chiclayo

DIARIO EL FISCAL PUBLICADO 9/13/2011 10:10:00 AM

CHICLAYO. Dura realidad. La inseguridad ciudadana, que tiene con los nervios de punta a la ciudadanía, es el principal problema que afecta a la ciudad de Chiclayo, precisa la encuesta realizada a una muestra de 580 personas y que fue publicado en el acucioso estudio de investigación: "Chiclayo, delincuencia en número: Percepción y Realidad", realizado por el Centro de Investigación Sociales para la Paz y el Desarrollo (CISPDE).

El sociólogo, Guery Chirinos Alvarado, responsable del estudio revela que en una ciudad históricamente apacible como lo era Chiclayo, denominada Capital de la Amistad, se imaginaba que al preguntarle al ciudadano ¿cuál es el principal problema que afecta a Chiclayo?, responderían en primer lugar el desempleo, la pobreza o el comercio ambulatorio. Sin embargo, la respuesta fue la inseguridad ciudadana, que "ha desplazado a estos históricos problemas en la preocupación de las personas", aunque reconoce que el desempleo y la falta de trabajo, son otros indicadores asociados del deterioro de la seguridad que se percibe en Chiclayo, "como nunca antes visto en los últimos años", remarca.

La corrupción, el consumo o venta de drogas y el pandillaje, son otros tres problemas que también indican los encuestados y que al igual que la pobreza y el desempleo, están conectados a la inseguridad ciudadana, incide Chirinos. Quien señala que la micro comercialización de drogas y el pandillaje, son de mayor preocupación en los sectores urbano marginales.

MÁS DELITOS. Asimismo, señala que los delitos configurados como delincuencia común, llámese los robos (asaltos a mano armada, arrebatos e ingreso a viviendas), extorsiones, consumo y venta de droga, aparecen como los principales problemas de la inseguridad ciudadana. Los encuestados en su mayoría (75 %) respondió que la delincuencia manifestada en los robos era el principal problema de la inseguridad ciudadana en Chiclayo, le siguen las extorsiones, consumo o venta de drogas y el pandillaje.

Guery Chirinos, incide que el pandillaje y el consumo o venta de drogas, son problemas de inseguridad ciudadana que "se combaten, no sólo con operativos de inteligencia policial sino también con acciones preventivas, trabajando en los colegios, centros de salud, las municipalidades, comunidades religiosas, organismos no gubernamentales, empresas y juntas vecinales". Ante estos delitos, la acción policial "no es suficiente, porque el problema de la delincuencia, consumo o venta de drogas y pandillaje, sobre pasa la esfera de la acción policial". De allí que Chirinos avoque al especialista en seguridad ciudadana Gabriel Prado, que advierte que la población es testigo de una `profesionalización acelerada de violencia´ que está llevando al país a caminos de inseguridad como la que se viven en Bogotá (Colombia) y Juárez (México)".

Incluso Chirinos sostiene que en reuniones con efectivos de la División de Homicidio, se concluye que el delincuente actual se caracteriza por su saña y su creencia de que las sanciones penales son blandas, "muchas veces ni siquiera son sicarios profesionales sino delincuentes comunes que matan por unos cuantos soles extras. Son individuos que no tienen mayor apego familiar y que valoran el dinero más que sus vidas. La mayoría tiene un historial delictivo forjado a temprana edad, desde su barrio y también son generalmente consumidores de drogas. Al respecto el investigador Fernando Savater, señala que "la familia es la base y fundamento de toda sociedad y cualquiera sea su naturaleza económica o política, ella presenta el núcleo vital de la comunidad y de ella arranca la explicación del género humano, a través del tiempo, es por este motivo que según la organización y estructura que está presente, dependerá mucho la incidencia de sus miembros en la delincuencia".

A DURAS PENAS… En cuanto a las causas de la inseguridad ciudadana, el estudio realizado por CISPDE, precia que la gran mayoría de los encuestados señala situaciones estrechamente vinculadas a la situación de pobreza y exclusión social en las que viven mayoritarios sectores de la población. Destaca el desempleo, la pobreza y las desigualdades sociales así como el bajo nivel educativo, mientras que un menor grupo de encuestados sostiene el consumo de drogas, como otra causa.

Chirinos Alvarado, remarca que no se pretende dar a entender que hay una relación automática entre pobreza y delitos, "pues también existe crimen organizado e intereses económicos que estimulan y se benefician del crimen, a los que hay que enfrentar, no con medidas sociales sino con acciones de inteligencia policial, especialización, operativos bien planificados y un sistema penal y penitenciario eficiente y sin corrupción".

De allí, que reitere que la cuarta parte de los encuestados revelara como causa de la inseguridad ciudadana en Chiclayo a la "poca dureza de las penas" que emanan del sistema de justicia penal.

CISPDE señala que es "incomprensible el celo institucional o el nivel de descoordinación entre los operadores de justicia, que con la tecnología existente no puedan estar en red con información actualizada de las requisitorias, antecedentes penales y judiciales, para el manejo en común de la información de los que participan en el sistema judicial". Cuestiona que "resulta que el delincuente ha salido en libertad, pero la Policía y el Ministerio Público desconocen su egreso o en su efecto se presentan una serie de requisitorias que no se informan oportunamente o también como está sucediendo en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que a través de su oficina del Medio Libre, informó que 174 ex internos que han egresado del penal en su condición de semi libertad no firman los cuadernos de registro mensual (normado por ley), lo que hace suponer, que están delinquiendo, están en otra prisión o están fuera de la ciudad haciendo otros trabajos, donde probablemente reincidan en la comisión de un nuevo delito mientras la autoridad penitenciaria desconoce su paradero", advierte. En ese sentido, dice que urge que el Inpe notifique a la instancia judicial para que revoque la libertad la semi libertad; por lo tanto "jueces, fiscales, policías y trabajadores penitenciarios debieran hacer mucho más esfuerzos para coordinar y colaborar mutuamente".


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