DIARIO FISCAL - PUBLICADO 9/08/2011 10:17:00 AM
CHICLAYO. El puntiagudo tema de la inseguridad ciudadana que azota a Lambayeque e igualmente a otras regiones del país, sigue siendo una caja de pandora tras anuncio del Gobierno de una nueva estrategia para paliar o combatirla; sin embargo en el contraste con la realidad lo que se percibe es que la población anhela ver más policías en las calles para enfrentar a este flagelo que tiene con los nervios de punta a todo ciudadano, ya que la mira del amigo de lo ajeno, es arrancarle aunque sea un sol a quien con el sudor de la frente, honestidad y transparencia se gana diariamente los frijoles, sin importarle el estatus socio económico.
Y sin caer en la mezquindad, se reconoce que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en su anhelo de frenar la criminalidad ha permitido observar más efectivos policiales en las calles, que faltan, es cierto, pero ya se dio el primer paso, pues la idea es que una vez instaurado el servicio policial voluntario, se tenga en las diferentes arterias residenciales y urbanos marginales, la permanente presencia de quienes el Estado les paga para combatir frente a frente y sin tregua a la delincuencia, tal como lo precisa la Constitución.
Ese sentir de la población, de querer ver más policías en las calles, incluso es validado por una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el Desarrollo (CISPDE), que dirige el sociólogo Guery Chirinos Alvarado y que se plasma en el informe "Chiclayo, delincuencia en números: percepción y realidad". De acuerdo a tal documento, los ciudadanos consideran que para disminuir o combatir la delincuencia de manera inmediata, se debe mejorar el desempeño en las calles de la Policía Nacional.
Como se puede apreciar, la demanda de la población es por un lado la urgente necesidad de mayor policías en las calles y por el otro lado, la necesidad de contar con un cuerpo policial menos corrupto, es decir el sentir de contar más agentes en las calles contrasta con la pésima imagen que la Policía Nacionalla Dirección de Investigación Criminal, con mayor cantidad de personal, capacitación, tecnología e instrumentos para la obtención de información, "aquí está una parte de la solución del problema".
SOLUCIÓN DE FONDO…
CISPDE recalca que la generación de empleo es otra alternativa para atacar de fondo a la delincuencia, pues muchos jóvenes "por falta de empleo se ven obligados a delinquir" y eso se contrasta -agrega Chirinos Alvarado- en los resultados del Censo Penitenciario 2010 practicado en el establecimiento penitenciario de Chiclayo que realizó el Poder Judicial, y en el que se concluyó que más del 50 por ciento de la población carcelaria es predominantemente joven con edades comprendidas entre 18 y 29 años de edad. "Como se verá de acuerdo a la estadísticas del establecimiento penal, estos internos delincuentes presentan características que son: juventud, escasa educación y con oficios relativamente inestables, que los convierte emocional y culturalmente en sujetos proclives al delito".
Guery Chirinos, rechaza el aumentar las penas, como alternativa para reducir los índices de criminalidad al sostener que el sistema penal del país ya es duro frente a los delitos, y que el problema pasa porque no se aplica correctamente, ya sea por "negligencia, lenidad o corrupción judicial". Además remarca que a la luz de la experiencia, tras aumentar las penas para los delitos de violación sexual y narcotráfico, estos en el transcurso de los años aumentaron un 10 por ciento, según reciente reporte de la oficina de estadística del Instituto Nacional Penitenciario. De allí, que apueste por proponer una política penitenciaria mucho más agresiva en temas de seguridad y tratamiento penitenciario de manera integral, dirigido a resocializar al interno con un horizonte claro y sin divorciarse de la realidad.
También se opone al restablecimiento del servicio militar obligatorio, pues para el investigador de CISPDES "sería un grave retroceso volver al servicio obligatorio bajo la equivocada idea de someter a jóvenes infractores (pandillaje) a la disciplina militar, para corregirlos e inculcarles valores". Los cuarteles no son reformatorios o centros de rehabilitación de menores -recalca- , "por el contrario creemos que dicha medida podría propiciar un adiestramiento en el manejo de armas, consecuentemente mayor uso de armas de fuego por parte de estos jóvenes infractores además el servicio militar -obligatorio o voluntario- no está diseñado para resocializar a infractores", apunta.
CÁRCEL GIGANTE
El vecino de Lambayeque reconoce que el equivocado rumbo del Estado a cumplir con su función de mantener el orden público y controlar de la delincuencia, ha conducido a un fenómeno creciente y pertubador y como respuesta ha conllevado al surgimiento de fuerzas de seguridad a través de serenos, ronderos, comités de autodefensa, juntas vecinales o vigilancia particular y hasta a tomar justicia por su propias manos.
Incluso las calles se están llenando de rejas y lo cual se puede notar en zonas céntricas residenciales de Chiclayo como Kart Weiss, Diego Ferré, Pascual Saco asimismo en urbanizaciones como Ingeniero, Remigio Silva, Santa Elena, Magisterial, Los Mochicas. Es decir "como si viviéramos en una cárcel gigante", arremete el informe de CISPDE tras advertir que estas fuerzas colectivas en algunos casos sólo han "empeorado el asunto de la inseguridad, porque se ha reportado según la Policía que transeúntes que fueron asaltados han tratado de buscar refugio o ayuda y en lugares enrejados se han visto a merced de los delincuentes". Incide que el exceso de seguridad privada genera más inseguridad, "en muchos casos, esta privatización de la seguridad ha conducido a políticas locales de seguridad ciudadana desarticuladas, incoherentes e inconsecuentes, que más bien han puesto en peligro a transeúntes y lo que es peor ejecutadas sin un marco legal adecuado".
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